10/12/2024
Un 84% de las pequeñas y medianas empresas españolas todavía no han adaptado su sistema de facturación a los nuevos requisitos digitales. La mayoría desconoce las leyes que marcarán un antes y un después a partir de 2026.
Una transformación aún pendiente
El Barómetro de Adaptación a las leyes Antifraude y Crea y Crece revela una realidad preocupante: el 49% de las pymes no han oído hablar de estas normativas y el 84% no han implementado todavía la factura electrónica en sus negocios. A pesar de que a partir de 2026 será obligatoria para quienes facturen menos de seis millones de euros, la mayoría de empresas aún no ha iniciado el proceso de adaptación.
Facturación manual y pérdida de productividad
En la actualidad, el 69% de los autónomos y el 45,7% de las micropymes siguen utilizando métodos manuales como papel, hojas de Excel o Word para emitir sus facturas. Esta práctica genera una pérdida de más de 3.600 millones de euros anuales solo entre los trabajadores por cuenta propia, debido a la ineficiencia operativa.
Además, la carga burocrática afecta directamente a la productividad: en tres de cada cuatro pymes con más de un empleado, una sola persona se encarga de emitir todas las facturas, lo que limita su capacidad de centrarse en tareas productivas. En los autónomos y micropymes este porcentaje supera el 80%, siendo en muchos casos el propio dueño quien asume toda la gestión.
Conocimiento parcial de la Ley Crea y Crece
Aunque esta ley incluye medidas como la creación de sociedades con un euro de capital o la eliminación de licencias para algunas actividades, su punto más conocido es la obligatoriedad de la factura electrónica. Sin embargo, solo el 40% de los encuestados han oído hablar de la ley y la mayoría no conoce sus implicaciones.
Entre quienes sí la conocen, las opiniones están divididas: un 24,8% la consideran positiva por su impulso a la digitalización y el control contable, mientras que el 28,6% creen que implicará más gastos y complicaciones. Un 46,5% no tiene claro aún si será beneficiosa o no.
La factura electrónica como solución a la morosidad
Uno de los objetivos principales de la Ley Crea y Crece es reducir la morosidad en las relaciones comerciales. Las empresas estarán obligadas a pagar en un plazo máximo de 60 días, y la trazabilidad digital permitirá a las autoridades detectar retrasos. Se calcula que esto puede mejorar la liquidez del colectivo autónomo en más de 20.000 millones de euros.
Actualmente, el plazo medio de cobro de las facturas es de 90 días, lo que obliga a muchas empresas a recurrir a financiación externa. Con la implementación de la factura electrónica, se espera reducir esos plazos en al menos un mes.
La Ley Antifraude: otro pilar clave
Esta normativa, ya vigente, prohíbe el uso de software de doble uso (con funciones ocultas para llevar contabilidad paralela) y exige que los sistemas de facturación sean inalterables y trazables. Su objetivo es reforzar el control tributario y evitar la manipulación de ingresos.
Aun así, solo el 35% de las empresas conocen en detalle esta ley, y el 49% la han escuchado pero no saben en qué consiste. El 16% desconoce por completo su existencia. Entre quienes sí deberían cumplirla por volumen de ingresos, un 6% admite que no lo hace.
Asesorías: pieza clave en la transición digital
Las asesorías seguirán siendo el principal punto de apoyo para pymes y autónomos: el 80% de las empresas confían en sus servicios para fiscalidad, contabilidad o gestión empresarial. Sin embargo, solo el 50% de las gestorías conoce a fondo la normativa de factura electrónica, y apenas el 40% la valora de forma positiva.
Una adaptación que no conviene retrasar
El informe muestra que más del 80% de las pymes y autónomos han decidido posponer la implantación de la factura electrónica. De estos, un 46,4% espera ver cómo se adaptan otras empresas antes de dar el paso, y el 38,1% lo dejará para el último momento. Solo un 15,4% planea adelantarse a la obligación.
Los expertos advierten de que adaptarse con tiempo será clave para evitar errores y sanciones. Contar con una asesoría especializada permitirá entender mejor la normativa, evitar multas y facilitar la integración del nuevo sistema sin afectar la operativa diaria.
Conclusión
La implementación de la factura electrónica no es solo una obligación legal a partir de 2026, sino una oportunidad para mejorar la eficiencia, profesionalizar los procesos y ganar liquidez. Cuanto antes se inicie el proceso de adaptación, más fácil será asumir los cambios técnicos y organizativos que esta transformación digital implica.