23/11/2024
La medida, prevista en la Ley Crea y Crece, aún no cuenta con un reglamento aprobado y su entrada en vigor se retrasará, al menos, hasta 2027 para buena parte del tejido empresarial.
Un desarrollo normativo pendiente
La obligación de emitir facturas electrónicas en las relaciones entre empresas y profesionales, recogida en la Ley Crea y Crece de 2022, continúa sin aplicación práctica debido a la falta de desarrollo reglamentario. El Proyecto de Real Decreto que debía establecer los detalles técnicos y plazos de aplicación fue sometido a audiencia pública en junio de 2023, pero aún no ha sido aprobado.
Según fuentes consultadas, este retraso implica que la factura electrónica obligatoria para pymes y autónomos con ingresos inferiores a 8 millones de euros anuales no entrará en vigor hasta 2027 como mínimo.
¿En qué consiste la obligación?
La medida exige que las facturas se emitan en formato digital, recogiendo los mismos datos que una factura en papel. Su objetivo es facilitar el seguimiento de los pagos y combatir la morosidad en operaciones comerciales.
Es importante diferenciar esta obligación de la que establece la Ley Antifraude de 2021, que sí está en marcha para 2026 y exige la remisión de ciertos datos contables y de facturación a la Agencia Tributaria. Esta última no obliga a emitir facturas electrónicas como tal, sino a comunicar información clave como el número, fecha o importe.
Calendario previsto según volumen de facturación
El borrador del Real Decreto establece una implantación gradual:
- Empresas con más de 8 millones de euros: un año tras la aprobación del reglamento.
- Pymes y autónomos con menos ingresos: dos años tras dicha aprobación.
Esto implica que, incluso en el mejor de los casos, la entrada en vigor para la mayoría de empresas y profesionales no se producirá antes de 2027.
Aplicación pública de facturación electrónica
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento normativo, la Agencia Tributaria anunció que desarrollaría una plataforma gratuita de facturación electrónica. Inicialmente se indicó que iría dirigida a negocios de menor tamaño, aunque en la versión más reciente del proyecto legislativo ya no se limita su uso a un perfil concreto, lo que sugiere que podrá ser utilizada por cualquier empresa o profesional.
Esta solución pública será de uso voluntario. En caso de optar por un software privado, las empresas deberán remitir a la Agencia Tributaria una copia fiel de cada factura emitida, junto con información sobre su estado de pago.
Un cambio en pausa, pero inevitable
La digitalización de las facturas sigue siendo uno de los grandes objetivos para modernizar las relaciones comerciales y mejorar el control tributario. Aunque su implantación se retrasa, la factura electrónica será obligatoria en los próximos años. Estar preparados supondrá una ventaja competitiva y reducirá el impacto de las futuras exigencias legales.