20/11/2024
La entrada en vigor del nuevo sistema de facturación electrónica será escalonada para facilitar la adaptación técnica de empresas y autónomos.
Una transición legal hacia la digitalización total
El Real Decreto 1007/2023, aprobado en diciembre de 2023, establece que todas las empresas y profesionales deberán adaptar sus sistemas de facturación a una nueva normativa que obliga a utilizar software conforme a los estándares de integridad, trazabilidad e inalterabilidad.
La implantación de este modelo responde al objetivo de combatir el fraude fiscal y facilitar el envío de datos de facturación a la Agencia Tributaria de forma segura y verificable.
Nuevos plazos de adaptación
A raíz de la reciente aprobación de la orden ministerial que regula los sistemas informáticos de facturación, la Dirección General de Tributos ha propuesto una entrada en vigor escalonada:
- Empresas (personas jurídicas): hasta el 1 de enero de 2026.
- Autónomos (personas físicas): hasta el 1 de julio de 2026.
Qué exige la normativa
El reglamento permite dos modalidades de cumplimiento:
- Sistemas VERI*FACTU: envían los registros de facturación en tiempo real a la Agencia Tributaria.
- Sistemas no verificables: conservan localmente los datos, pero deben garantizar su integridad, trazabilidad y accesibilidad.
Además, la Agencia Tributaria ofrecerá una herramienta gratuita con la condición de VERI*FACTU para quienes no dispongan de un sistema propio.
Requisitos técnicos para los sistemas
Todos los programas de facturación deberán ser capaces de:
- Conectarse con la Agencia Tributaria a través de internet.
- Gestionar certificados electrónicos.
- Enviar registros con formato estructurado y recibir respuestas.
- Incluir un código QR tributario en cada factura.
En el caso de sistemas no verificables, será obligatorio mantener un registro de eventos que documente cualquier actividad relevante del sistema (apagados, anomalías, etc.). Cada evento debe quedar registrado con una huella digital única generada mediante algoritmos criptográficos.
Sanciones por incumplimiento
La Ley General Tributaria contempla multas importantes por no cumplir con la normativa:
- Hasta 150.000 € por comercializar sistemas informáticos no conformes.
- 1.000 € por cada sistema no certificado que debería estarlo.
- 50.000 € por utilizar software no adaptado o alterado.
Estos importes se aplican por cada ejercicio fiscal, lo que puede suponer un riesgo considerable para pequeños negocios si no se realiza la adaptación a tiempo.
Un cambio inevitable para empresas y autónomos
Con esta normativa, la digitalización de la facturación se convierte en una obligación legal. Las empresas deben asegurarse de contar con software adecuado y certificado, y los autónomos deberán hacer lo mismo antes de mediados de 2026.
Los próximos meses serán clave para realizar esta transición, evitar sanciones y aprovechar las ventajas de una gestión fiscal más eficiente, segura y moderna.